Artículo: Vuelta al colegio

Vuelta segura al colegio: no se quiere invertir en educación

La comunidad educativa lo lleva exigiendo desde el inicio de la pandemia. Desde hace meses. ¿Tan difícil es conceder credibilidad a quienes están “a pie de obra”, a quienes son los profesionales y tienen experiencia en la materia? Porque se trata de conjugar dos derechos fundamentales y no obligar a elegir entre ellos: el derecho a la salud sí, pero también, y no menos importante, el derecho a la educación.

Sabemos que hay cuatro medidas esenciales y concretas para que ambos derechos puedan ser conjugados con el menor riesgo posible para la salud (pues el riesgo 0 no existe), y con el mayor nivel de garantía respecto a la educación para que efectivamente “nadie quede atrás”, lema que han repetido reiteradamente los responsables políticos de todas las administraciones (central y autonómicas): 

1. Reducir la ratio: máximo de 15 alumnos y alumnas por aula (en infantil 10)

2. Ampliar y estabilizar las plantillas docentes: un 33% más de profesorado.

3. Habilitar y crear espacios amplios: recuperar centros públicos cerrados, habilitar espacios públicos municipales, crear nuevos…

4. Aumento y dotación de personal: Enfermería, limpieza, educación social, Orientación, PTSC, de administración…

Pero estas medidas exigen financiación. Exigen invertir en educación pública.

Por eso se ha estado dilatando el tiempo, mareando la perdiz, esperando hasta última hora para, al final, dedicarse a debatir y llegar a “acuerdos de mínimos” sobre qué medidas tomar ante la catástrofe, sin haber tomado medidas para evitar que no se produzca dicha catástrofe.

Por lo que los acuerdos se han acabado adoptando en las condiciones iniciales de hace seis meses, que se sabe a ciencia cierta que aumentan el riesgo de contagio y, por tanto, la probabilidad de suspensión de la educación: mantener clases saturadas de alumnado, no aumentar el insuficiente número de profesorado para reducir los grupos, continuar sin espacios adecuados para mantener la distancia de seguridad y continuar sin personal de apoyo sanitario. Es decir, en vez de prevenir la catástrofe, los acuerdos del 27 de agosto entre administraciones educativas se han limitado a señalar qué medidas de higiene activar ante ella, pues no se ha querido poner los medios para evitarla, al no modificar sustancialmente esas condiciones preexistentes (habría que exceptuar, en cierta medida, a la Comunidad Valenciana que dio algunos pasos en este sentido).

Es el modelo de capitalismo neoliberal que nos “educa” en asumir lo que ya popularizó Margaret Thatcher en su tiempo: que “no hay alternativa”. Que los rescates milmillonarios son para que sigan creciendo los beneficios de los bancos, de la industria del ladrillo reconvertida ahora en turismo, de los fondos buitre y las grandes financieras. Pero que la educación pública no es la prioridad. No ahora. Ahora no toca. Ya, si eso, en otro momento.

Es exactamente igual que cuando se plantean los presupuestos de educación o cualquier reforma educativa. Analicemos, debatamos y consensuemos los aspectos periféricos, lo colateral. Pero los elementos sustanciales (conciertos, religión, inclusión y financiación), esos no se tocan. No es el momento. Porque ahí es donde se afecta al meollo del sistema. Nos tenemos que plantear de una vez a qué decidimos destinar los recursos públicos. Como dice el refrán: “dime donde pones tu dinero y te diré dónde pones tu corazón”.

Se destinan recursos de miles de millones ante la pandemia para relanzar la economía. De acuerdo. ¿Pero dónde queda la educación pública?

Nos deben 9.000 millones de euros de recortes en educación de los últimos años de gobiernos, tanto del PP como del PSOE. A esto hay que sumar los 2.000 millones de fondos COVID que el Gobierno central ha destinado a educación; los fondos europeos específicos para Educación, de entre los 750.000 millones de euros acordados en la UE, y los fondos propios de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. ¿No daría realmente todo esto para financiar los 7.000 millones de euros que el estudio de CC.OO. establecía que serían necesarios de cara a contratar los 165.000 profesores y profesoras necesarios (un 33% más), como mínimo, para reducir los grupos de clase a 15 alumnos y alumnas en toda España, así como para habilitar o crear los sitios necesarios (como se crearon hospitales de campaña durante la pandemia) para realizar una educación con garantías y seguridad para toda la comunidad educativa y para contratar personal de enfermería en los centros de cara a coordinar los protocolos sanitarios y no responsabilizar al profesorado y a los equipos directivos de ello? 

Y si no da, que se habiliten partidas presupuestarias extraordinarias para ello. Que se inviertan cantidades escandalosas para garantizar la educación, la salud y el desarrollo de nuestra ciudadanía, y dejemos de seguir gastando en armamento (el gasto militar volverá a superar este año los 20.000 millones), reclamemos los rescates financieros (60.000 millones nos deben los bancos), persigamos el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las multinacionales tecnológicas o los paraísos fiscales. 

Sí que hay financiación, pero lo que no se está dispuesto a tocar es el capitalismo.

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