El PCE considera que enjuiciar a Juan Carlos de Borbón es un deber ético y jurídico

No caben más excusas para no abrir una investigación penal contra Juan Carlos de Borbón. Así, el Partido Comunista de España, junto con IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella criminal presentada ante el Tribunal Supremo en diciembre de 2018 contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, por la supuesta comisión de trece delitos, registraron el pasado viernes un escrito dirigido a la Sala Segunda del máximo tribunal donde solicitan reabrir la causa derivada de la presentación de la querella criminal interpuesta en 2018. Junto a otros objetivos, entre los que indudablemente está investigar la conducta del Borbón, el escrito pretende impedir la prescripción de los delitos cometidos ante la desidia de la justicia española para investigar los hechos. 

En 2018, la Sala Segunda del Supremo incoó, tras la presentación de la querella, diligencias penales con la apertura de una causa especial para luego archivarlas e inadmitir la querella de forma sumaria, en el verano de 2019, apenas unos pocos meses después de iniciado el proceso. El ponente designado para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez, hombre muy ligado a la defensa del estatus quo establecido tras la transición, quién incluso llegó a imponer a los firmantes de la querella una fianza de 12.000 euros, que abonaron gracias el apoyo popular para ejercer así su derecho constitucional a la acusación popular.

Teniendo en cuenta los nuevos elementos probatorios conocidos en los últimos meses, las tres organizaciones argumentan en su escrito que el Tribunal Supremo debe tomar definitivamente cartas en el asunto e investigar al todavía rey emérito, toda vez que la sucesión de nuevos e importantes hechos revelados por la prensa, así como las recientes actuaciones judiciales desde distintos ámbitos, incluida la fiscalía suiza, en relación a los delitos cometidos supuestamente por éste y personas que estaban en su círculo de confianza, hacen impostergable la apertura de una investigación profunda y eficaz sobre el alcance penal de la conducta del Borbón.  

De ahí que el PCE traslade a la Sala Segunda que, habiendo cesado la causa que el propio TS alegó para fundamentar el archivo de las actuaciones, en este caso el sobreseimiento provisional de la pieza Carol seguida en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que ahora ha sido revertido por el juez, siendo además que existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación.

Cabe recordar, como hacen IU y PCE en el escrito registrado, que ya no es válido el argumento que empleó el TS hace un año para cerrar la investigación, que “los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional”.

Como es público y notorio, con fecha 27 de julio de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la pieza Carol después de que este mismo juzgado central acordara en 2018 el sobreseimiento provisional de estas actuaciones. La reapertura de la causa en la Audiencia Nacional, que debe tener repercusiones en el TS, viene motivada por las revelaciones conocidas estos meses, incluidas las propias declaraciones que Corina Larsen, amante y testaferro de Juan Carlos de Borbón, ha realizado a las autoridades británicas o a través de comunicados de prensa, así como las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía suiza.

Del mismo modo, PCE e IU recuerdan al Supremo que él mismo reconocía, en los autos en los que echó por tierra las actuaciones emprendidas, que la querella presentada en su momento por esta representación tenía como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. 

PCE e IU también destacan que debe hacerse notar que en el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 conocido la semana pasada se precisa que las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción, en base a la documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción de la pieza Carol y posteriores colaboraciones entre Juzgado y Fiscalía Anticorrupción, han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

El Partido Comunista de España e Izquierda Unida detallan también que después de que el Supremo decidiera archivar la causa ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella. Recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción al objeto de que investigue los fondos fraudulentos que Juan Carlos de Borbón habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí.

Por último, cabe señalar que, pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, por lo que los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos siguen estrechándose por cada día que pasa.

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