Comisión Interna sobre Bankia

La dirección de IUCM, reunida de urgencia esta mañana, ha constituido una comisión que investigue lo sucedido con las denominadas tarjetas “Black” de Bankia, que empezará sus trabajos hoy mismo, y asegura que los responsables serán automáticamente apartados de la organización.

Resolución sobre Caja Madrid aprobado por la I Asamblea de IU Madrid Ciudad

Las últimas acusaciones a ex directivos de Caja Madrid por el uso de tarjetas de la entidad para fines personales, ocultas a Hacienda, son la enésima gota que colma el vaso de su actuación en la misma. Su gestión indefendible se suma a la responsabilidad de haber respaldado la privatización y bancarización definitiva de la antigua Caja Madrid, hoy Bankia.

La querella presentada por Izquierda Unida hace casi un año contra los gestores de esta entidad y el conjunto de las actuaciones judiciales están destapando que una serie de personas, entre ellas las nombradas por nuestra organización, cometieron unos hechos que nos han dejado, al igual que a la sociedad, estupefactos.

Exigimos que los culpables de estos hechos sean condenados y que se reclame la devolución de todo el dinero percibido indebidamente.

Los órganos encargados de supervisar y controlar las entidades financieras (desde los mecanismos internos de control de Caja Madrid, los auditores y el Banco de España), nos han dejado indefensos a la sociedad, ante la capacidad de unas personas sin escrúpulos de burlar los controles para su propio beneficio.

Debemos exigir la apertura de un expediente a todos aquellos que tenían que velar por el correcto funcionamiento de Caja Madrid, hoy Bankia. IU exigirá la apertura de un expediente a la auditora (Deloitte) con la finalidad de que no pueda seguir operando. La complicidad de los gestores de las entidades financieras en España y las auditoras han facilitado el descontrol, el enriquecimiento personal y el despilfarro de recursos en operaciones especulativas.

A lo anterior cabe añadir la asunción de responsabilidades como organización, ya que representantes nombrados por la misma son también responsables de estos hechos, aunque ya no militen en la misma. Proponemos la constitución de una comisión de investigación interna que eleve un informe al Consejo Político Regional en un plazo de tres meses, con la finalidad de hacerlo público, identificar las deficiencias de funcionamiento que permitieron este tipo de actuaciones, así como las responsabilidades políticas que se puedan derivar, con la contundencia que correspondan.

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